JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE SOLIDARIDAD LABORAL 05/04/2006


A partir de un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo se sienta jurisprudencia en la responsabilidad laboral solidaria de los cedentes, contratistas y subcontratistas con respecto a empleados de empresas contratadas o subcontratadas.

El 3 de Febrero de 2006, La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo plenario en materia de solidaridad en el ámbito de las contrataciones previstas en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). O sea, alcanza a "quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitada a su nombre, o contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal o específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito.". Para dicha Cámara, es de aplicación el art. 705 del Código Civil, el que establece la posibilidad, cuando hay varios obligados solidarios, de demandar a todos (empleador y contratista), o a uno (el contratista o el empleador). Este antecedente deja abierta la posibilidad a que el trabajador de un contratista o subcontratista tenga el derecho de elegir demandar a su empleador y a la empresa contratante de servicios u obras de ese contratista, o directamente dirigir la demanda solo contra quién contrató la obra o servicio. La jurisprudencia mencionada es de suma importancia, ya que la doctrina emanada de los fallos plenarios es de aplicación obligatoria para todas las Salas de la Cámara de Trabajo y para los jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo. Este fallo deja en un estado de indefensión al contratante, tanto con la contratista (a la que luego se la podrá reclamar el reintegro de las cifras abonadas) como con los empleados de ésta, quienes podrían oponer circunstancias y hechos ajenos y de los cuales no se posee mayor información que la brindada por el contratista. Por ello, se hace indispensable una adecuada valorización de la solvencia patrimonial de la empresa contratada y un mayor control del cumplimiento de sus obligaciones laborales. Además, el artículo 30 de la LCT obliga a los cedentes, contratistas o subcontratistas a exigir a sus cesionarios o subcontratistas la siguiente documentación: . Número de CUIL de cada uno de los trabajadores que presten servicios . Constancias de pago de las remuneraciones . Copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social . Cuenta bancaria de la cual sea titular el trabajador . Cobertura por riesgo de trabajo Con respecto al significado jurídico referido a la actividad normal y específica propia del establecimiento, debe aclararse que existen dos interpretaciones doctrinarias diferentes. Uno se refiere al sentido amplio del alcance de la norma, comprendiendo no solo la actividad principal, sino también las accesorias y secundarias. En cambio, la otra corriente realiza una interpretación restringida de la norma y afecta solo aquellos trabajos o servicios íntimamente relacionados con la actividad de la empresa. Por último, se aclara que el citado fallo solo es actualmente obligatorio en el ámbito de la Justicia Laboral de La Ciudad de Buenos Aires. Pero muy probablemente, se adopte como jurisprudencia también en las jurisdicciones provinciales. 

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